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El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador comunica a la opinión pública:

Publicado el 13 de marzo, 2019

Este día se ha conocido la admisión por la Sala de lo Constitucional de la demanda de amparo presentada por la Asociación Azucarera de El Salvador, por supuesta violación de los derechos de propiedad y a la seguridad jurídica.

Dicho reclamo ha sido planteado en contra del procedimiento de denuncia por parte de la República de El Salvador del “Tratado de Libre Comercio entre la República de China (Taiwán), la República de El Salvador y la República de Honduras (TLC-Taiwán)”.

La Sala ha dictado la medida cautelar ordenando suspender inmediata y provisionalmente los efectos de la denuncia del referido Tratado. Es importante puntualizar que la misma resolución aclara que se detienen los efectos de la denuncia exclusivamente para este Tratado, no así, para los otros dieciocho tratados, por lo que el procedimiento para dejar sin efecto estos últimos conserva su validez.

La misma instancia reconoce en su resolución que, por mandato constitucional, le corresponde al Presidente de la República “la conducción de las relaciones diplomáticas con los gobiernos de otros países, la dirección de la política exterior, así como la formulación y dirección de las políticas y estrategias de desarrollo del comercio exterior”.

Y añade que, la medida preventiva no supone un “pronunciamiento sobre el contenido del Memorando de Entendimiento firmado el 21 de agosto de 2018 entre nuestro país y la República Popular de China sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, bajo el entendido que dicho documento ha sido suscrito dentro de las potestades constitucionales del Órgano Ejecutivo”.

Por nuestra parte, se considera que el procedimiento efectuado por el Ministro de Relaciones Exteriores para la denuncia del Tratado fue correctamente realizado.

Por último, al ser conocida la resolución inicial de la Sala de lo Constitucional, se procederá a actuar conforme a las atribuciones que la Constitución reconoce al Órgano Ejecutivo, a la espera de la tramitación del proceso de amparo respectivo y la decisión final que se adopte en el mismo, con estricto apego al principio de separación de funciones y demás postulados constitucionales.