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El Salvador consolida compromiso con personas refugiadas, desplazadas y solicitantes de asilo

Publicado el 8 de noviembre, 2019

El Gobierno de El Salvador está decidido a brindar protección y asistencia a quienes huyen de la violencia.

Con miras a seguir dando pasos sólidos y comprometidos en esta tarea, la Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, participó hoy en la II Reunión Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), que se llevó a cabo en México, para abordar los avances y retos en atención a las víctimas de desplazamiento forzado, personas refugiadas y solicitantes de asilo.

En este espacio, que reunió a autoridades de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y de la nación anfitriona, la Canciller Hill expresó que para el Gobierno del Presidente Nayib Bukele el tema es de alta prioridad, lo que llevó al país a sumarse a los esfuerzos que se realizan desde ese mecanismo, desde el pasado 25 de julio.

“Nos hemos unido a este proceso regional para compartir las experiencias de lo que estamos haciendo a nivel nacional, pero también para desarrollar respuestas que estén alineadas con la protección y las soluciones duraderas a las personas que se han visto forzadas a desplazarse”, señaló la diplomática sobre este desafío, que también es motivado por razones socioeconómicas.

En El Salvador, entre 2006 y 2016, unas 71 mil personas se habrían visto forzadas a desplazarse internamente y, para 2018, unas 119 mil personas habían solicitado asilo. Asimismo, cerca de 33 mil compatriotas son reconocidos como refugiados en otros países,  con un alarmante aumento de casi el 200 por ciento en el último quinquenio.

Otro registro que preocupa es el presentado en el informe de Tendencias Globales de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de 2018, que ubica al país en la sexta posición de la lista de principales países de origen de nuevos solicitantes de asilo, solo después de Venezuela, Afganistán, Siria, Irak y República Democrática del Congo.

Ante ese panorama, el gobierno salvadoreño reconoce la importancia de los procesos que se impulsan desde el MIRPS para la protección humana y de sus derechos fundamentales, los cuales deben ser considerados en el primer nivel de atención.

“Estas cifras significan para nuestra gestión un reto de dar un giro de 180 grados a la forma de hacer política. Lo hemos demostrado ya disminuyendo drásticamente los índices de homicidios, mismos que han alcanzado su punto más bajo desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992”, resaltó la Ministra Hill Tinoco, apuntando que estas mejoras en materia de seguridad generan desarrollo y permanencia en las comunidades.

Aunado a ello, favorece el clima de inversión, cuyo nivel de intención en el país ha subido de un 30 a un 80 por ciento, en la actualidad.

Para la encargada de la diplomacia salvadoreña el momento es propicio y fundamental para trabajar de manera estratégica en el MIRPS, con miras a lograr los mejores beneficios en la región, que deriven en avances sustanciales en el corto y mediano plazo.

En ese sentido, realizó una serie de propuestas para fortalecer esta iniciativa, que tienen que ver con la recaudación de recursos para implementar proyectos y acciones concretas;  así como la consolidación de un proceso que dé un rol más activo a la sociedad civil, además de la participación de socios del sector privado y el involucramiento directo de las poblaciones desplazadas, refugiadas y retornadas.

Otra recomendación fue el desarrollo de diálogos regionales intersectoriales para buscar puntos de encuentro y discutir propuestas de acciones de políticas públicas en las áreas de educación, salud, seguridad, trabajo, desarrollo social, entre otras, que den respuesta a los ejes prioritarios de acción del mecanismo.

En el caso de El Salvador, se ha conformado un equipo técnico compuesto por instituciones claves de los Ministerios de Relaciones Exteriores; Justicia y Seguridad Pública; Gobernación y Desarrollo Territorial; Desarrollo Local; Educación; de Trabajo y Salud.

Asimismo, se ha elaborado un Plan Nacional de trabajo, que contiene 46 acciones prioritarias para cada oficina, el cual ha sido alineado con el Plan Cuscatlán y el Plan de Control Territorial del Gobierno. En esta labor se tuvo el apoyo técnico de la Agencia de la ACNUR.