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Gobierno reitera compromiso con reparación a víctimas de El Mozote y lugares aledaños

Publicado el 3 de septiembre, 2018

Autoridades de Gobierno realizaron, junto a jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), una supervisión al cumplimiento de las medidas de reparación por el caso “Masacre de El Mozote y lugares aledaños”, ocurrida en diciembre de 1981, en el departamento de Morazán.

Cuando se cumplieron 36 años de ese hecho, el presidente Salvador Sánchez Cerén manifestó en ese momento que es “importantísimo que esta zona emblemática y símbolo de lucha de El Salvador tenga un desarrollo integral”, asimismo ha reiterado, en diferentes ocasiones, su compromiso con las demandas de las víctimas y con la plena ejecución a la sentencia de la CoIDH.

Hasta diciembre de 2017, el Gobierno ha destinado un total de US$10 millones para dar cumplimiento a lo dictaminado y ha realizado acciones adicionales a las establecidas por la Corte, creando, por ejemplo, institucionalidad para responder a los afectados, a través de una metodología y procesos que antes no existían.

En ese sentido, el Ministerio de Educación ha invertido US$3.1 millones en infraestructura, destinados a la ampliación y rehabilitación del Centro Escolar Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, ubicado en el caserío El Barrial, y que atiende a 190 estudiantes, así como para la construcción del Complejo Educativo El Mozote, el cual cuenta con el cincuenta por ciento de avance en su primera fase

Se han efectuado, igualmente, reparaciones a seis centros escolares de comunidades aledañas, entre ellas Cerro Pando, La Laguna, Pinalito, beneficiando así a 352 alumnos de los municipios de Arambala y Manguera. Además, se ejecutará un programa de becas para 131 familiares de víctimas en edad escolar, a partir de 2019, con una inversión de US$400 mil y se proyecta la instalación de una sede de la Universidad en Línea en el municipio de Perquín.

El Ministerio de Salud instaló un Equipo Comunitario básico en el caserío El Mozote, y se construyó una unidad comunitaria familiar. Asimismo, se dotó de equipo odontológico y biomédico, ambulancia, entre otros, a cinco unidades de salud y se implementa el programa de “Atención y tratamiento integral de la salud física, psíquica y psicosocial” de las víctimas y habitantes de los lugares donde ocurrieron los hechos.

Mientras que el Ministerio de Obras Públicas ha invertido $4.6 millones, desde 2016 a la fecha, para la mejora de 47.58 kilómetros de vías que conectan los municipios de Meanguera, Arambala y Joateca, favoreciendo aproximadamente a 19 mil pobladores y visitantes.

En cuanto a memoria histórica, desde 2013 el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ha llevado a cabo dos encuentros de mujeres sobrevivientes en el contexto del conflicto armado, logrando de ese modo recopilar cerca 45 testimonios que están plasmados en dos libros y en el documental “La memoria de las luciérnagas”.

En esa línea, el Ministerio de Cultura ha impulsado un proceso de identificación y señalización para un mapeo con 24 puntos que han sido incorporados en la denominada Ruta de la Memoria Histórica y se ha avanzado en la resolución para la Declaratoria Modificativa del Bien Cultural del sitio histórico de El Mozote, que incorporará nuevas medidas de protección; se hicieron mejoras a dicho monumento y se construyeron dos memoriales en los cantones Cerro Pando y La Joya.

También, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y Canal 10 produjeron el documental “El Mozote Nunca Más”, el cual ha sido distribuido a centros escolares públicos a nivel nacional, universidades y entre las víctimas y sus representantes, tal como establece la sentencia de la CoIDH.

Este recorrido se llevó a cabo en el marco del 59 Período Extraordinario de Sesiones del organismo que tuvo lugar en la Cancillería salvadoreña. Participaron en la visita a El Mozote la Comisionada para los Derechos Humanos, Silvia Guillén; el ministro de Educación, Carlos Canjura; el viceministro de Salud, Julio Robles Ticas; el viceministro de Obras Públicas, Emilio Ventura; representantes de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, entre otros.