De cara a la próxima entrega del carnet especial que posibilitará transitar de manera fluida y segura a los habitantes de las zonas delimitadas por la sentencia de la Corte Internacional de justicia del 11 de septiembre de 1992 en sus respectivos territorios, el Ministerio de Relaciones Exteriores prepara las condiciones logísticas y operativas que posibilitarán que estas personas reciban su documento.
Para ello, la Cancillería trabaja de manera articulada con el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) en la identificación de infraestructura y capacidades instaladas en estos lugares, para llevar a cabo las jornadas de carnetización de manera ágil, ordenada y cercana a la población que se registró para recibir la referida identificación.
De igual manera, se realizan pruebas de conexión a internet que permita que los sistemas cuenten con estabilidad requerida para acceder a las bases del RNPN y realizar con éxito este proceso.
De esta manera, se busca a beneficiar a cerca de 18 mil personas inscritas en la base de datos recabada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en los seis sectores demarcados por la Corte de La Haya: Sabanetas-Nahuaterique; Mesetas, Dolores-Monteca; Arcatao-Sazalapa; Las Pilas–Cayaguanca; Los Amates-Goascorán y Tecpangüisir.
La entrega del carnet especial es posible gracias a las reformas hechas a la Ley Especial de Creación del Régimen de Identificación Migratorio y Aduanero, impulsadas por la ministra Hill y aprobadas por la Asamblea Legislativa, el año pasado, con vistas a facilitar la atención que esta cartera brinda a esta población, en coordinación con otras instituciones.
Quienes cuenten con este documento podrán movilizar libremente y con total seguridad en los sectores correspondientes, ya sea para comercializar sus productos; acceder a programas de Gobierno, así como a servicios de salud, educación, agrícolas, entre otros; o realizar cualquiera de sus actividades cotidianas sin ninguna limitación.
Asimismo, la sistematización de datos permitirá planificar de mejor manera las iniciativas y estrategias gubernamentales para dar respuesta a las necesidades de estas localidades, en concordancia con los compromisos establecidos por El Salvador en la Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos de la mencionada sentencia de la CIJ.
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