El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana y la Dirección de Análisis y Alianzas de la Movilidad Humana, realizó la fase de consultas sobre la Política de Movilidad Humana con sociedad civil, instituciones de gobierno, organismos internacionales y de la diáspora.
La política tiene como objetivo establecer el marco de atención, protección y reintegración sostenible de la diáspora salvadoreña, personas retornadas y personas en condiciones de vulnerabilidad en el territorio nacional bajo el enfoque de derechos humanos.
Durante las jornadas, los diferentes actores conocieron que esta iniciativa es una respuesta directa y estratégica al mandato del Plan Cuscatlán, en el Eje 3.3., de la Política Exterior, y evidencia el compromiso con una perspectiva migratoria renovada desde 2019, que reconoce la migración como un derecho que se debe proteger.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele le apuntó a minimizar los factores estructurales que motivan la migración irregular, así como a impulsar un abordaje integral de la movilidad humana y priorizar el valor de la diáspora salvadoreña como socios para el desarrollo.
En este espacio, la directora de Análisis y Alianzas de la Movilidad Humana de la Cancillería de la República, Julissa Landaverde, expresó que la política es parte de las acciones que el Gobierno impulsa para marcar un cambio significativo, abordando a la migración desde un enfoque de manera integral, bajo la premisa de considerar migrar como una opción y no una obligación.
Destacó, además, que la Política plantea la articulación de esfuerzos con distintos actores durante todo el proceso de asistencia, protección, retorno y reintegración de personas en movilidad; incluyendo los trabajadores temporales que viajan con visas de trabajo. De igual forma, señaló que el Gobierno se caracteriza por trabajar de forma organizada, en función de alcanzar objetivos y, sobre todo, de forma interrelacionada entre todas sus áreas.
Asimismo, destacó que la Política contribuirá a reforzar el Mecanismo de Coordinación Nacional para dar respuesta efectiva en materia migratoria y representa un paso fundamental para proteger y promover los derechos de la población migrante y lograr una gestión efectiva de la movilidad humana.
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