Cerca de un cuarto de millón de salvadoreños se verá beneficiado por la extensión de un año de los permisos de trabajo para los connacionales que se encuentran en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). De esta manera, los compatriotas podrán permanecer de forma regular en esa nación hasta el 4 de enero del 2021.
Además, y como una concesión únicamente para nuestro país, se extenderá este estatus legal en EE.UU. hasta enero de 2022. Esto significa que a los beneficiados con esta decisión se les otorgará un período de transición de un año adicional, luego de que las cortes den una resolución judicial que se espera para mediados del 2020, a los casos relacionados con el TPS.
El anuncio fue dado este día en Washington, D.C. tras cuatro meses de trabajo, negociaciones y reuniones bilaterales sostenidas por el Presidente Nayib Bukele y la Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, con altos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, bajo el mandato del Presidente Donald Trump.
Esto se alcanzó tras el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con la nación norteamericana, gracias al liderazgo del Presidente Nayib Bukele, quien, desde que tomó posesión, dio un giro a la política exterior sobre todo en su relación con Estados Unidos, un socio histórico y el más importante para El Salvador. Con apenas cuatro meses en el Ejecutivo, la actual gestión logró lo que para los gobiernos pasados fue imposible.
Tras este anuncio, el mandatario salvadoreño agradece al Gobierno de los Estados Unidos de América por hacer posible este alivio migratorio para casi un cuarto de millón de connacionales que estaban a dos meses de perder su estatus regular, y por ende la posibilidad de trabajar y llevar el sustento a sus hogares e importantes aportes económicos a sus comunidades de origen en El Salvador, por medio de remesas familiares.
Los connacionales beneficiados por el TPS rondan el medio millón (248 mil 105 beneficiarios, a este número se suman al menos 190 mil hijos nacidos en territorio estadounidense, según los últimos datos brindados por DHS).
Por su parte, la Canciller Hill, en representación del Gobierno de El Salvador, ha mantenido una agenda de trabajo intensa y ha sostenido varias reuniones con el Secretario del Departamento de Estado, Michael Pompeo; con el Secretario Interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, y otros funcionarios de alto nivel.
“Desde que el Presidente Bukele asumió, él se comprometió con nuestros hermanos con TPS a darles una solución a su situación, y lo estamos cumpliendo. Agradezco al Gobierno de los Estados Unidos por el apoyo que ha brindado a los salvadoreños tepesianos y a sus familias, así como por su disposición de trabajar hombro a hombro con nosotros para conseguir una solución permanente para ellos”, manifestó la máxima autoridad de la diplomacia salvadoreña.
Las contribuciones de este sector en las áreas económica, social y cultural son de relevancia para Estados Unidos. Casi el 100 por ciento de beneficiarios de este programa paga impuestos, lo cual se traduce en más de 3 mil millones de dólares de su Producto Interno Bruto; tiene participación laboral activa en el rubro de la construcción, restaurantes y hotelería; un gran porcentaje incluso es generador de empleos.
Otros indicadores económicos de los salvadoreños con TPS:
Cualquier solución permanente para el asunto del TPS para los salvadoreños vendrá del Congreso estadounidense. El presidente Bukele dijo que con esta nueva ampliación, “los tomadores de decisión tendrán tiempo adicional para buscar una solución permanente”.
Aunque la Ministra celebró este logro, se comprometió a seguir luchando 24/7 para lograr una solución permanente para nuestros connacionales a través del Congreso de los Estados Unidos.
El TPS para los salvadoreños fue otorgado por el Gobierno de los Estados Unidos tras los terremotos ocurridos en 2001 en El Salvador. Luego de varias prórrogas, este beneficio fue cancelado en el 2018. Los compatriotas con TPS recibieron un plazo para vivir y trabajar de manera regular hasta el 9 de septiembre de 2019, período que había sido extendido hasta el 2 de enero de 2020.
